Diversos políticos y partidos propugnan una determinada visión de nuestro pasado mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Este acto, por sí mismo, constituye un ataque a las libertades públicas y la cultura.
De modo implícito, pero inequívoco, la ley atribuye carácter democrático al Frente Popular. Hoy está plenamente documentado lo contrario. Dicho Frente se compuso, de hecho o de derecho, de agrupaciones marxistas radicales, stalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertad.
También está acreditado suficientemente que, ya antes de constituirse en Frente, los citados partidos organizaron o colaboraron en el asalto a la república en octubre de 1934, con propósito textual de guerra civil, fracasando tras causar 1.400 muertos en 26 provincias; y que, tras las anómalas elecciones de febrero de 1936, demolieron la legalidad, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y a la vida, proceso revolucionario culminado en el intento de asesinar a líderes de la oposición, cumplido en uno de ellos. Esa destrucción de los elementos democráticos de la legalidad republicana hundió las bases de la convivencia nacional y causó la guerra y las conocidas atrocidades en los dos bandos y entre las propias izquierdas.
La Ley de Memoria Histórica alcanza extremos de perversión ética y legal al igualar como “víctimas de la dictadura”, a inocentes, cuyo paradigma podría ser Besteiro, y a asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo sería García Atadell. Así, la ley denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia. También erige en campeones de la libertad a las Brigadas Internacionales orientadas por Stalin, a los comunistas que en los años 40 intentaron reavivar la guerra civil o a los etarras que emprendieron en 1968 su carrera de asesinatos. ¿Cabe concebir mayor agravio a la moral, la memoria y la dignidad de nuestra democracia?
La falsificación del pasado corrompe y envenena el presente. Nos hallamos ante una clara adulteración de nuestra historia agravada por la pretensión de imponerla por ley, un abuso de poder acaso compatible con aquel Frente Popular, pero no con una democracia moderna. La sociedad no puede aceptarlo sin envilecerse: los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetir lo peor de ella. Que el silencio no nos condene.
Pío Moa (historiador), César Alonso de los Ríos (ensayista), Federico Jiménez Losantos (ensayista y periodista), José María Marco (historiador), Adolfo Prego (magistrado del Tribunal Supremo), Milagrosa Romero Samper (historiadora), Pedro Schwartz (catedrático Universidad), José Luis Orella (historiador), Ricardo de la Cierva (historiador), Jesús Palacios (historiador), Juan Carlos Girauta (ensayista), Sebastián Urbina (profesor de Filosofía del Derecho), César Vidal (historiador), Eugenio Togores (historiador), José Vilas Nogueira (catedrático Universidad y escritor), y 7.640 firmas más.
1 comentario:
No está la firma de nadie del partido popular, para no crispar, seguro. Pero con ello no hacen más que acercarnos a aquellos tiempos de barbarie. Espero que alguien reaccione.
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